La empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su versión número 20 de su informe mensual “Claves Ipsos” correspondiente al mes de julio, en el que encuestó a 800 personas en Chile para describir las opiniones y los comportamientos de los ciudadanos respecto de temas de interés para el país. En esta edición se hizo una radiografía de la opinión pública sobre probidad y corrupción en el país.

Probidad y Corrupción en el país

Se consultó por 15 instituciones distintas, públicas y privadas, y la mayoría de las personas asoció cada institución principalmente con la idea de corrupción antes que con probidad. Las tres instituciones más críticas son los partidos políticos con 83% de asociación a corrupción, el Congreso con 72% y las municipalidades con 63%.

En el caso del Estado, pese a que un 31% considera que tiene los medios para actuar con probidad y transparencia y fiscalizar, 56% opina que no fiscaliza su propio actuar y 57% cree que es honrado en cuanto contratación de funcionarios para ministerios y servicios públicos.

También existe desconfianza sobre las prácticas de las empresas privadas. Los principales cuestionamientos se encuentran en relación a que no serían transparentes en relación a sus resultados comerciales y sus ganancias (sólo 14% cree que sí lo son) o transparentes en precios de sus productos y condiciones de servicio (17% cree que son transparente en este punto).

Para las personas consultadas sólo se podría confiar en un comportamiento honrado en emprendedores y dueños de negocios hoy en Chile (64%). Mientras la percepción de comportamiento honrado tiene resultados críticos en relación a funcionarios municipales (14%), funcionarios del Estado (15%) y las autoridades de gobierno (16%).

La corrupción se observa como un fenómeno instalado a todo nivel: en el país (76%), en el Estado (69%), en las regiones (64%) y comunas (57%), en la empresa privada (44%) y hasta en las relaciones entre las personas (34%).

A nivel del Estado, las prácticas corruptas más frecuentes que las personas creen que se producen son el nepotismo (60%), la malversación de fondos (50%) y sobornos (47%). Mientras que a nivel de las empresas serían el uso de sobornos o coimas (59%) y de influencias para lograr beneficios (55%).

“La sensación de falta de probidad y de uso de prácticas corruptas por parte de instituciones públicas y privadas se ha instalado a todo nivel, en opinión de la ciudadanía. Incluso en las relaciones entre las personas. Esta percepción de ambiente de corrupción es tremendamente dañina porque perjudica a la forma como las personas se relacionan con las instituciones, al funcionamiento de las mismas y también a la imagen país que se construye y proyecta. Si se creía que la corrupción era un fenómeno asociado principalmente al ámbito político, este estudio nos demuestra -desde la observación ciudadana- que es transversal a las diversas instituciones y relaciones en Chile”, indica Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

Caso Convenios

En julio, tres de cada cuatro personas indicaron estar al tanto o haber escuchado sobre escuchado sobre el “Caso Convenios”.

Para la mayoría de las personas consultadas (60%), este caso descubrirá una práctica de corrupción que no es nueva y ha afectado al Estado en muchos gobiernos, mientras que un 35% cree que esta situación mostrará un mecanismo de financiamiento creado por algunos partidos ligados con el Gobierno del Presidente Boric.

Un 48% de las personas que saben sobre el “Caso Convenios”, piensan que el efecto para el Gobierno será perder credibilidad. Por el contrario, un 29% cree que saldrá fortalecido si se toman las decisiones y acciones correctas, mejorando los mecanismos de probidad del Estado. Sólo dos de cada 10 encuestados piensa que no pasará nada, ya que estos casos se olvidan y la agenda pública cambia rápidamente.

Dentro de los principales impactos que tendrá el Caso Convenios, el 47% cree que habrá mayor control o supervisión de los recursos asignados por el Estado a las instituciones privadas; el 41% piensa que habrá aumento de sanciones o entidades involucradas en casos de este tipo; el 36% estima que se fortalecerán las entidades fiscalizadoras, como la Contraloría General de la República, y el 29% ve posible que el traspaso de recursos estatales a privados podrían ser todos a través de concursos públicos.

A raíz de lo anterior, más de la mitad de los chilenos (52%) evalúa a las fundaciones peor que antes, un 38% las ve igual que antes y sólo un 5% las percibe mejor que antes.

“Más allá de la gravedad del caso y de todas las prácticas que se están descubriendo o cuestionando, aun cuando puedan estar apegadas a la ley, el Caso Convenios está generando un daño muy serio a la reputación de las instituciones públicas y al tercer sector en Chile. Por un lado, sirve de base para confirmar los prejuicios de las personas que creen que la mayoría de los actores políticos y el funcionamiento del Estado son corruptos, acrecentando la desafectación política. Perjudica la imagen de entidades como las fundaciones, que son necesarias para la ejecución de políticas públicas en el país. Y, además, contribuye a generar un ambiente viciado, ya cruzado actualmente por la agenda de inseguridad pública”, comenta Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.