ANFUP acusa que Gendarmería no habría dispuesto de los protocolos necesarios para cuidar a sus funcionarias
Tras 48 horas de descubierta la presencia de cámaras de grabación al interior de las duchas de las funcionarias de gendarmería en Antofagasta. La autoridad regional sacó la voz y entregó una serie de antecedentes. El traslado de las funcionarias a otra dependencia dentro del penal y la suspensión de 2 gendarmes que fueron notificados […]
11 de junio de 2018
Tras 48 horas de descubierta la presencia de cámaras de grabación al interior de las duchas de las funcionarias de gendarmería en Antofagasta. La autoridad regional sacó la voz y entregó una serie de antecedentes.
El traslado de las funcionarias a otra dependencia dentro del penal y la suspensión de 2 gendarmes que fueron notificados durante este lunes son parte de las acciones tomadas.
Sin embargo, mientras la autoridad regional aseguraba estar haciéndose parte del apoyo a las funcionarias afectadas con las grabaciones. Los gremios desmienten todos los anuncios, asegurando que si la ANFUP y ANEF no reaccionan, este caso jamás habría salido a la luz pública. A esto se suma la presentación de un recurso de protección a favor de las ocho funcionarias afectadas.
Si la autoridad regional aseguraba haber estado desde el minuto uno tras descubierta la situación de la cámara escondida, los gremios dicen que si ellos no se movilizan y presionan a la misma autoridad a generar medidas, el grave hecho jamás habría salido a la luz pública.
De este calibre son las acusaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios en conjunto con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Quienes durante este lunes presentaron un recursos de protección a favor de las funcionarias vulneradas tras ser grabadas en las duchas por un tiempo indeterminado, al interior del centro penitenciario femenino.
Para la ANEF regional es inaceptable lo que ocurrió con estas 8 mujeres, anunciando llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de identificar responsables materiales y responsabilidades oficiales.
Guerra de declaraciones entre dirigentes de gendarmería y la autoridad regional, en torno a las grabaciones descubiertas por las mismas funcionarias, donde vieron vulnerados sus derechos al ser registradas por un tiempo indeterminado a través de un dispositivo oculto.