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Tensión generó presencia de miembros del Partido Republicano en sesión del CIDH en Antofagasta

 Este jueves fueron presentados una ronda de testimonios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Antofagasta, hasta donde llegaron diversas organizaciones en la materia para entregar sus versiones, palabras que terminarán en un documento que será finalmente entregado al gobierno. La sesión se desarrolló en la Biblioteca Regional, lugar en el que […]

Este jueves fueron presentados una ronda de testimonios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Antofagasta, hasta donde llegaron diversas organizaciones en la materia para entregar sus versiones, palabras que terminarán en un documento que será finalmente entregado al gobierno.

La sesión se desarrolló en la Biblioteca Regional, lugar en el que estuvo presente Margarette May Macaulay, relatora de la CIDH. «La razón por la que estoy aquí es porque fui elegida como comisionada para venir al norte de Chile así como a otras zonas, junto a otros comisionados que tienen el deber de verificar distintos casos en Chile. Por lo que por el momento no podemos adelantar mayor información, pero en todo caso mi responsabilidad al frente del equipo ha sido la de reunirnos con representantes del gobierno y de distintas organizaciones sociales. Nos encontramos aquí esta mañana y también antes en Arica para conocer las causas y consecuencias del estallido social desde octubre».

La relatora también se refirió al trabajo que realizarán posterior a esta recopilación de testimonios. «Nosotros vamos a presentar un informe preliminar y posteriormente, ofreceremos un informe final mucho más detallado con algunas recomendaciones».

Testimonios que fueron presentados mediante inscripciones previas, para dar a conocer el tratamiento de los derechos humanos en Antofagasta. En este sentido, Daniel Vargas, abogado de la comisión de DDHH del Comité de Emergencia y Resguardo, puntualizó que «elaboramos un informe que hace relación de hechos generales producidos desde el comienzo de las movilizaciones. También una pequeña relación de hitos particulares en relación a algunas situaciones que son casos testigos, un registro de vehículos de carácter civil que ocupaban carabineros y que no tenían ninguna identificación como tal».

Desde la Agrupación Memoria Histórica La Providencia, su presidenta Camila Vargas, agregó que «entregamos un informe que da cuenta de todas las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido de manera sistemática en la ciudad desde el 19 de octubre hasta el 20 de enero. En esta información, las conclusiones que sacamos es que carabineros efectivamente sigue torturando a personas en Antofagasta, que la 3ra. comisaría sigue siendo utilizada como centro de detención y tortura, además que siguen muchísimas personas heridas en manifestaciones que no está siendo retratada en ningún tipo de espacio, la gente no denuncia, entendemos que es porque existe un miedo a la denuncia».

Por otra parte, Simmone Díaz, quiso entregar su versión a nombre del periodismo independiente en la comuna. «Principalmente vine a exponer mi caso y el caso de mis compañeros de la prensa independiente porque visiblemente hemos sido dañados por el accionar policial, con perdigones en la boca, en los brazos, el cuerpo lumazos y toda una serie de abusas que venimos a entregar a esta comisión para que se haga algo al respecto».

De acuerdo a Paulo Palma, jefe regional del INDH en Antofagasta, en esta instancia fueron meros colaboradores de la difusión y parte de la organización. «Como instituto nosotros vamos a estar a la espera del informe definitivo y de ahí como instituto tomar los casos de muchos que pudimos ver durante estas horas, que no siempre son denunciados, si no que a veces son hechos a través de particulares o abogados, y no siempre llegan al instituto».

Durante la sesión comenzó a suscitarse un tenso ambiente tras diversos intercambios verbales entre los asistentes, siendo representantes del Partido Republicano junto a una comitiva de la Cámara de Comercio de la comuna, quienes fueron protagonistas de distintos desencuentros.

En este sentido, Marcela Ruz, explicó que «mira no sé si me observaron pero estuve tres horas sentada, anoté las cosas que decía la gente, con algunas estoy de acuerdo con otras no. Y terminan la charla y comienzan a filmarme, entonces como mecanismo de defensa empiezo a filmar a las personas que me están filmando, para saber cuál es la intensión de ellos, eso es todo. Hay un señor de barba que habló sobre la salud y que me impactó, pero no estoy de acuerdo con que criminalicen en todos los casos a carabineros, pienso que primero hay que esperar que haya un fallo del tribunal y una investigación, o sea no pueden estar diciendo que un carabinero es violador o torturador si no hay primero un fallo de un tribunal «.

Ante lo que la concejala Doris Navarro, recalcó que «me pareció una falta de respeto viniendo de la derecha porque ellos no tienen nada que hacer aquí, ellos están protegiendo al gobierno, cosa que los que estamos acá venimos a dar un testimonio fiel de lo que ha sucedido, creemos que Chile tiene que cambiar y también tienen que haber cambios del gobierno. Si ellos nos están provocando, de qué estamos hablando».

También se refirió al episodio, Nathaly Flores, miembro del Comité de Emergencia y Resguardo. «El único espacio que tenemos para denunciar la vulneración de derechos humanos y ellos también quieren hacerse parte, parecía de frentón que era un sapeo, nos estaba grabando, sacando fotos y tomando notas. Entonces los fuimos a increpar, solicitándoles también que se fueran, diciéndoles que no era su espacio, que no les correspondía y que lo que correspondía era que estuviéramos las víctimas de vulneraciones graves a los derechos humanos».

Intentamos también obtener una cuña de parte de la Cámara de Comercio y su representante Antonio Sánchez, pero desistió de entregar declaraciones retirándose del hall de la Biblioteca Regional.

Tensos momentos que se vivieron, quedando a la espera de que esta comisión tabule los testimonios y entregue recomendaciones al gobierno en materia de derechos humanos en caso de ser necesarias.

 

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