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Fuerzas Armadas colaborarán en control de migración ilegal por pasos no habilitados en el norte del país

En la región de Antofagasta se encuentran identificados más de 32 pasos no habilitados.

Luego de que el presidente Sebastián Piñera firmara la modificación del Decreto 265, las Fuerzas Armadas comenzarán a colaborar en el control de frontera en materias de narcotráfico y crimen organizado, como también en el ingreso ilegal por pasos no habilitados en el norte de Chile.

La institución castrense desplegará sus unidades aéreas, terrestres o marítimas prestando apoyo logístico, de transporte y tecnológico, en zonas fronterizas del territorio nacional. 

Sin embargo, esto no implica su intervención en procedimientos que competen privativamente a la PDI, Carabineros y otras instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante o la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

En el caso de las regiones de Antofagasta y Tarapacá, cuya frontera limita con Bolivia, se encuentran identificados más de 32 pasos no habilitados. Mientras que, en la región de Arica y Parinacota, otros 18 que limitan con Perú.

El gobernador de Antofagasta, Nalto Espinoza, explicó “este control es muy necesario dado que desde el año 2019 al año 2020, de ocho mil ingresos clandestinos, pasamos a 13 mil. Es una cifra y un aumento muy importante que requería una medida como esta, este apoyo de las Fuerzas Armadas en el control migratorio, se suma además a otras que ha tomado el gobierno, como la nueva Ley de Migraciones”.

“La nueva Ley de Migraciones junto a la creación del nuevo Servicio Nacional de Migrantes y el Concejo Nacional de Migraciones, va apoyar la dictación de políticas y la vinculación de la sociedad chilena con los migrantes. Por lo tanto, es una muy buena noticia, que nos va a favorecer en el control de esta migración ilegal, el tráfico ilegal de personas y obviamente el narcotráfico, que lamentablemente en nuestra zona ha tenido un aumento”, destacó la autoridad.

Cuando se promulgue esta ley que aún se tramita en el Congreso, el Estado podría contar con herramientas para facilitar la expulsión administrativa, esto pretende desincentivar el uso de pasos no habilitados. También existirán direcciones regionales que buscan mejorar la coordinación con la sociedad civil, organizaciones, municipalidades y gobiernos regionales, para tener una mirada integral sobre la migración.


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