Durante el año 2025, el país reportó un total de 44 femicidios consumados, 330 frustrados y 70 tentados. Estos datos son parte del Informe 2025 del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF), presentado oficialmente por el Ministerio de la Mujer. Un aspecto crucial revelado en la investigación fue que el 50,9% de las víctimas de femicidio había presentado una o más denuncias antes de que se cometiera el crimen. Según los hallazgos, estos actos de violencia extrema suelen tener lugar en la casa de la víctima. Los incidentes se relacionan con relaciones de confianza, principalmente entre parejas, cónyuges o exparejas. En cuanto a las características de las afectadas, se destacó que la mayoría son mujeres chilenas con edades entre los 30 y 45 años, muchas de ellas con hijos. Por otro lado, el análisis gubernamental reveló que los agresores comparten similitudes en edad con las víctimas. El 81,4% de los agresores son de nacionalidad chilena, y una proporción significativa también tiene hijos. La falta de eficacia en las herramientas judiciales de protección es uno de los principales problemas abordados por el gobierno. La ministra de la Mujer, Judith Marín, señaló directamente las deficiencias en la supervisión de los agresores, indicando que hay un número considerable de acusados que incumplen las órdenes judiciales:Tenemos un número significativo de victimarios que las transgredieron, afirmó en relación a las medidas cautelares. Ante este panorama, la secretaria de Estado enfatizó que la prioridad del gobierno es mejorar la respuesta institucional. Marín mencionó quelo primero que estamos fortaleciendo es nuestra respuesta en materia de coordinación con las distintas entidades. Además de impulsar un proyecto de ley para fortalecer los mecanismos de protección, el ministerio busca ampliar geográficamente la cobertura de sus programas estatales. En palabras de la autoridad:Adicionalmente, estamos fortaleciendo la llegada a los sectores, por ejemplo, rurales, donde nuestra campaña comunicacional del mes de noviembre va a tener un enfoque preventivo en esas zonas. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha tomado razón del reglamento que establece estándares técnicos y requisitos formales para la representación judicial de mujeres víctimas de violencia de género, enmarcado en la Ley Integral contra la violencia de género. Esta medida permitirá que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género inicie acciones judiciales en casos de femicidio o suicidio femicida sin necesidad del patrocinio previo de las víctimas o sus familias, con el fin de garantizar una respuesta institucional más ágil. Con esta nueva disposición, el Estado tendrá la facultad de presentar querellas por casos de femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia, lo que representa un avance significativo en la implementación de la normativa. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá iniciar acciones judiciales a través de sus abogados regionales sin requerir el patrocinio previo de las víctimas o sus familiares en este tipo de delitos, asegurando así una respuesta institucional más rápida desde el inicio del proceso. Hasta ahora, a pesar de que SernamEG brindaba asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, la representación judicial solo era posible si las víctimas o sus familias otorgaban formalmente el patrocinio al servicio. En 2025, los Centros Especializados de Violencia de Género del organismo llevaron a cabo más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias, además de asumir 1.293 representaciones judiciales. El reglamento también establece estándares técnicos para las instituciones públicas y privadas que mantienen convenios con SernamEG para representar a víctimas, con el propósito de garantizar una atención especializada y adecuada. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia. Asimismo, destacó que la Ley Integral contempla la representación legal y que el reglamento constituye un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación. Es importante recordar que la Ley Integral establece diversas obligaciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género. Además, crea un Sistema Integrado de Información destinado a articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país. Fuente: CNN Chile País
Durante el año 2025, el país reportó un total de 44 femicidios consumados, 330 frustrados y 70 tentados. Estos datos son parte del Informe 2025 del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF), presentado oficialmente por el Ministerio de la Mujer. Un aspecto crucial revelado en la investigación fue que el 50,9% de las víctimas de femicidio había presentado una o más denuncias antes de que se cometiera el crimen. Según los hallazgos, estos actos de violencia extrema suelen tener lugar en la casa de la víctima. Los incidentes se relacionan con relaciones de confianza, principalmente entre parejas, cónyuges o exparejas. En cuanto a las características de las afectadas, se destacó que la mayoría son mujeres chilenas con edades entre los 30 y 45 años, muchas de ellas con hijos. Por otro lado, el análisis gubernamental reveló que los agresores comparten similitudes en edad con las víctimas. El 81,4% de los agresores son de nacionalidad chilena, y una proporción significativa también tiene hijos. La falta de eficacia en las herramientas judiciales de protección es uno de los principales problemas abordados por el gobierno. La ministra de la Mujer, Judith Marín, señaló directamente las deficiencias en la supervisión de los agresores, indicando que hay un número considerable de acusados que incumplen las órdenes judiciales:Tenemos un número significativo de victimarios que las transgredieron, afirmó en relación a las medidas cautelares. Ante este panorama, la secretaria de Estado enfatizó que la prioridad del gobierno es mejorar la respuesta institucional. Marín mencionó quelo primero que estamos fortaleciendo es nuestra respuesta en materia de coordinación con las distintas entidades. Además de impulsar un proyecto de ley para fortalecer los mecanismos de protección, el ministerio busca ampliar geográficamente la cobertura de sus programas estatales. En palabras de la autoridad:Adicionalmente, estamos fortaleciendo la llegada a los sectores, por ejemplo, rurales, donde nuestra campaña comunicacional del mes de noviembre va a tener un enfoque preventivo en esas zonas. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha tomado razón del reglamento que establece estándares técnicos y requisitos formales para la representación judicial de mujeres víctimas de violencia de género, enmarcado en la Ley Integral contra la violencia de género. Esta medida permitirá que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género inicie acciones judiciales en casos de femicidio o suicidio femicida sin necesidad del patrocinio previo de las víctimas o sus familias, con el fin de garantizar una respuesta institucional más ágil. Con esta nueva disposición, el Estado tendrá la facultad de presentar querellas por casos de femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia, lo que representa un avance significativo en la implementación de la normativa. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá iniciar acciones judiciales a través de sus abogados regionales sin requerir el patrocinio previo de las víctimas o sus familiares en este tipo de delitos, asegurando así una respuesta institucional más rápida desde el inicio del proceso. Hasta ahora, a pesar de que SernamEG brindaba asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, la representación judicial solo era posible si las víctimas o sus familias otorgaban formalmente el patrocinio al servicio. En 2025, los Centros Especializados de Violencia de Género del organismo llevaron a cabo más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias, además de asumir 1.293 representaciones judiciales. El reglamento también establece estándares técnicos para las instituciones públicas y privadas que mantienen convenios con SernamEG para representar a víctimas, con el propósito de garantizar una atención especializada y adecuada. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia. Asimismo, destacó que la Ley Integral contempla la representación legal y que el reglamento constituye un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación. Es importante recordar que la Ley Integral establece diversas obligaciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género. Además, crea un Sistema Integrado de Información destinado a articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país. Fuente: CNN Chile País
