Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios públicos de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos y continuaban recibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 y corresponden a procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no contempló a funcionarios municipales. Más allá del número total, la principal alerta del organismo fiscalizador está en cuánto tiempo se han extendido algunas de estas suspensiones sin que los respectivos procesos lleguen a término. De los casos detectados, 13 funcionarios llevan más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 acumulan entre tres y cuatro años bajo esa medida. Así, son 30 los trabajadores que llevan más de tres años apartados preventivamente de sus funciones mientras continúan percibiendo su remuneración. El procedimiento de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se ha extendido por aproximadamente cuatro años y siete meses. Luego aparece un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses. El impacto económico también llamó la atención de la Contraloría. Solo los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron el pago de aproximadamente $671 millones en remuneraciones. A ello se suma otro antecedente detectado durante la revisión: 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, de acuerdo con información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII). Frente a la extensión de estos procedimientos, la CGR determinó asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que llevan más de tres años suspendidos, además de revisar eventuales responsabilidades relacionadas con las demoras. La Contraloría también puso el foco en otros 392 funcionarios que llevan más de un año suspendidos. Los servicios involucrados tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de esos sumarios, justificar por qué se mantiene la medida preventiva o adoptar acciones que permitan acelerar su término. El organismo recordó que, cuando un sumario se prolonga, la autoridad que ordenó su instrucción debe revisar su avance y adoptar medidas para agilizarlo, además de analizar si existen responsabilidades administrativas por eventuales retrasos. Fuente: Publimetro
Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios públicos de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos y continuaban recibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 y corresponden a procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no contempló a funcionarios municipales. Más allá del número total, la principal alerta del organismo fiscalizador está en cuánto tiempo se han extendido algunas de estas suspensiones sin que los respectivos procesos lleguen a término. De los casos detectados, 13 funcionarios llevan más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 acumulan entre tres y cuatro años bajo esa medida. Así, son 30 los trabajadores que llevan más de tres años apartados preventivamente de sus funciones mientras continúan percibiendo su remuneración. El procedimiento de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se ha extendido por aproximadamente cuatro años y siete meses. Luego aparece un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses. El impacto económico también llamó la atención de la Contraloría. Solo los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron el pago de aproximadamente $671 millones en remuneraciones. A ello se suma otro antecedente detectado durante la revisión: 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, de acuerdo con información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII). Frente a la extensión de estos procedimientos, la CGR determinó asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que llevan más de tres años suspendidos, además de revisar eventuales responsabilidades relacionadas con las demoras. La Contraloría también puso el foco en otros 392 funcionarios que llevan más de un año suspendidos. Los servicios involucrados tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de esos sumarios, justificar por qué se mantiene la medida preventiva o adoptar acciones que permitan acelerar su término. El organismo recordó que, cuando un sumario se prolonga, la autoridad que ordenó su instrucción debe revisar su avance y adoptar medidas para agilizarlo, además de analizar si existen responsabilidades administrativas por eventuales retrasos. Fuente: Publimetro
