En el marco de un informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló información relevante. Según lo informado por el máximo tribunal, se detectaron casos de funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del país. La revisión de los casos contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se identificaron un total de 1029 casos de salidas del país en un lapso de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 siguen activos, dentro de un universo total de 13 457 personas. En cuanto a los cargos involucrados, se aclaró que no hay ministros o fiscales de la Corte Suprema entre los 571 funcionarios activos. Sin embargo, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias. Desde la Corte Suprema se ha decidido remitir una lista con los nombres correspondientes a las cortes de apelaciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Estas investigaciones estarán a cargo de un único fiscal judicial por cada corte. Además, se advierte sobre posibles superposiciones entre licencias médicas y feriados, aspecto que será objeto de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando detenidamente el informe presentado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público. El objetivo es depurar la información para iniciar una investigación centrada en médicos que falsifican permisos y otros delitos asociados a esta práctica ilegal. Según lo expresado por Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para nosotros. Hace referencia a una denuncia previa que afectó a Fonasa por un monto considerable en subsidios por incapacidad laboral. Valdés señala que esperan descartar posibles delitos y utilizar procedimientos adecuados para determinar responsabilidades administrativas en estos casos. Fuente: Publimetro
Tras más de un mes de incertidumbre y tristeza, se confirmó una noticia esperanzadora este jueves: Luka Sujica, el niño de 5 años que cayó desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, fue dado de alta médica. Su caso, que conmovió al país, tuvo un giro positivo a pesar de la tragedia que marcó el accidente. El incidente tuvo lugar el 29 de mayo, cuando Luka y su amigo Valentín, también de 5 años, cayeron desde el departamento donde jugaban. Aunque el impacto contra unos arbustos logró amortiguar parcialmente la caída, ambos menores resultaron gravemente heridos. Fueron llevados de urgencia al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. Lamentablemente, Valentín falleció cuatro días después debido a la gravedad de sus lesiones, generando conmoción en la comunidad y un llamado a reforzar las medidas de seguridad en edificios. Luka permaneció hospitalizado durante semanas, recibiendo atención especializada para tratar sus múltiples fracturas y contusiones en la clínica Sanatorio Alemán. Tras un arduo proceso, los médicos finalmente autorizaron su alta este jueves. En una emotiva fotografía donde se le ve sonriendo junto a sus padres, se registró el momento de su salida. La imagen fue compartida por allegados a la familia, quienes agradecieron el apoyo recibido durante todo el proceso. La recuperación del niño ha sido asombrosa, aunque aún deberá continuar con terapias de rehabilitación. Su alta representa un hito de alivio tras semanas de angustia. Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad infantil en viviendas altas y ha motivado a los padres de Valentín a impulsar una ley de copropiedad inmobiliaria que exija dispositivos de seguridad en los departamentos. Fuente: Publimetro
La presidenta del Colegio Médico Santiago, Francisca Crispi, informó que 75 funcionarios enfrentarán procesos éticos en nuestros tribunales, ya que esas son las únicas facultades que actualmente tiene el gremio, según señaló. Crispi detalló que estos casos están siendo investigados por el Ministerio Público debido al presunto mal uso de licencias médicas. En este sentido, mencionó que cinco funcionarios fueron remitidos a los Tribunales de Ética del Colmed. “En conjunto con otros 67 médicos de los que fuimos informados, que estando con licencia dieron más de 30 licencias médicas, están hoy siendo investigados”, expresó Crispi. La presidenta del Colmed destacó la gravedad de las situaciones detectadas: “Son causales graves, porque se trata de médicos que entregaron más de 30 licencias estando ellos mismos con licencia. En otros casos, se trata de profesionales que hoy están siendo investigados por la fiscalía por venta de licencias, uso malicioso o falsificación de licencias”. En este sentido, se espera que alrededor de 75 médicos sean sometidos a procesos éticos en los tribunales del gremio. Respecto a las posibles sanciones, Crispi subrayó que la máxima penalización que pueden imponer los tribunales de ética es la expulsión del Colegio Médico, aunque también existen sanciones menores. Finalmente, la representante del gremio enfatizó la importancia de contar con más facultades para abordar estas situaciones. Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación de la vigilancia ética de las profesiones y la posibilidad de revocar el título a aquellos profesionales que no hagan un buen uso del mismo. Fuente: CNN Chile País
El proceso administrativo que se inició el 29 de junio de 2023 ha culminado con la solicitud de disolución de la fundación Procultura al Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que los funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no obtuvieran respuestas satisfactorias por parte de la fundación. Durante la investigación, se revelaron diversas irregularidades administrativas por parte de Procultura, incluyendo el desvío de recursos destinados a proyectos sociales para pagar sueldos excesivos a sus directores. Según informó La Tercera, entre los años 2018 y 2022, el 70,35% del presupuesto de la fundación se destinó al pago de salarios, mientras que solo el 29,65% se utilizó en programas y proyectos sociales. En el año 2022, por ejemplo, se gastaron $1980 millones en salarios y solo $641 millones en proyectos. Alberto Larraín, uno de los fundadores, vio cómo su salario aumentaba significativamente durante ese periodo, llegando a acumular un total de $267 millones. Por otro lado, Ilonka Csillag recibió un total de $149 millones a pesar de no haber estado presente en Procultura en ciertos momentos. Estos hallazgos llevaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a concluir que la fundación había descuidado su objetivo social y había incurrido en una desproporción significativa en los gastos relacionados con el personal. En consecuencia, el Ministerio solicitó al CDE que ejerciera la acción para disolver judicialmente la asociación denominada fundación Procultura, cuya personalidad jurídica fue otorgada en 2010. Según lo establecido en el Código Civil, se argumenta que Procultura ha infringido gravemente sus estatutos y ha desviado sus esfuerzos y recursos hacia actividades no relacionadas con su propósito original. Fuente: Publimetro
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete emitió un veredicto absolutorio a favor de Jorge Eduardo Escobar Escobar, principal acusado por la Fiscalía en el caso Tomás Bravo. Escobar, tío abuelo del menor fallecido, había sido acusado del delito de abandono de niño menor de diez años en lugar solitario, con resultado de muerte. Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando se perdió el rastro del menor después de que su pariente le perdiera la vista por unos minutos. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Tomás Bravo fue encontrado en Caripilún. En su sentencia, el Tribunal estimó que no se pudo demostrar dolo en el actuar de Escobar y que su conducta estaba dirigida a proteger al niño. Además, se cuestionó la acusación de dolo sostenida contra el imputado, señalando que la querellante no es persistente en sus alegaciones en cuanto a una conducta dolosa del imputado. El tribunal también destacó que la defensa introdujo una duda razonable mediante imágenes capturadas por una cámara de seguridad de una empresa forestal, las cuales mostraban movimientos en el último punto donde se vio al niño. Además, se mencionó que los acusadores no presentaron prueba alguna que vinculara directamente la muerte del niño con alguna acción realizada por Escobar. Se hizo hincapié en las contradicciones encontradas en la evidencia médico-legal y en las irregularidades en el sitio del suceso, lo cual afectó la calidad de la evidencia presentada durante el juicio. En conclusión, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete absolvió al tío abuelo del menor fallecido basándose en la falta de pruebas contundentes y las inconsistencias encontradas en la investigación. Fuente: CNN Chile País
En el marco de un informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló información relevante. Según lo informado por el máximo tribunal, se detectaron casos de funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del país. La revisión de los casos contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se identificaron un total de 1029 casos de salidas del país en un lapso de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 siguen activos, dentro de un universo total de 13 457 personas. En cuanto a los cargos involucrados, se aclaró que no hay ministros o fiscales de la Corte Suprema entre los 571 funcionarios activos. Sin embargo, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias. Desde la Corte Suprema se ha decidido remitir una lista con los nombres correspondientes a las cortes de apelaciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Estas investigaciones estarán a cargo de un único fiscal judicial por cada corte. Además, se advierte sobre posibles superposiciones entre licencias médicas y feriados, aspecto que será objeto de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando detenidamente el informe presentado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público. El objetivo es depurar la información para iniciar una investigación centrada en médicos que falsifican permisos y otros delitos asociados a esta práctica ilegal. Según lo expresado por Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para nosotros. Hace referencia a una denuncia previa que afectó a Fonasa por un monto considerable en subsidios por incapacidad laboral. Valdés señala que esperan descartar posibles delitos y utilizar procedimientos adecuados para determinar responsabilidades administrativas en estos casos. Fuente: Publimetro
Tras más de un mes de incertidumbre y tristeza, se confirmó una noticia esperanzadora este jueves: Luka Sujica, el niño de 5 años que cayó desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, fue dado de alta médica. Su caso, que conmovió al país, tuvo un giro positivo a pesar de la tragedia que marcó el accidente. El incidente tuvo lugar el 29 de mayo, cuando Luka y su amigo Valentín, también de 5 años, cayeron desde el departamento donde jugaban. Aunque el impacto contra unos arbustos logró amortiguar parcialmente la caída, ambos menores resultaron gravemente heridos. Fueron llevados de urgencia al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. Lamentablemente, Valentín falleció cuatro días después debido a la gravedad de sus lesiones, generando conmoción en la comunidad y un llamado a reforzar las medidas de seguridad en edificios. Luka permaneció hospitalizado durante semanas, recibiendo atención especializada para tratar sus múltiples fracturas y contusiones en la clínica Sanatorio Alemán. Tras un arduo proceso, los médicos finalmente autorizaron su alta este jueves. En una emotiva fotografía donde se le ve sonriendo junto a sus padres, se registró el momento de su salida. La imagen fue compartida por allegados a la familia, quienes agradecieron el apoyo recibido durante todo el proceso. La recuperación del niño ha sido asombrosa, aunque aún deberá continuar con terapias de rehabilitación. Su alta representa un hito de alivio tras semanas de angustia. Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad infantil en viviendas altas y ha motivado a los padres de Valentín a impulsar una ley de copropiedad inmobiliaria que exija dispositivos de seguridad en los departamentos. Fuente: Publimetro
La presidenta del Colegio Médico Santiago, Francisca Crispi, informó que 75 funcionarios enfrentarán procesos éticos en nuestros tribunales, ya que esas son las únicas facultades que actualmente tiene el gremio, según señaló. Crispi detalló que estos casos están siendo investigados por el Ministerio Público debido al presunto mal uso de licencias médicas. En este sentido, mencionó que cinco funcionarios fueron remitidos a los Tribunales de Ética del Colmed. “En conjunto con otros 67 médicos de los que fuimos informados, que estando con licencia dieron más de 30 licencias médicas, están hoy siendo investigados”, expresó Crispi. La presidenta del Colmed destacó la gravedad de las situaciones detectadas: “Son causales graves, porque se trata de médicos que entregaron más de 30 licencias estando ellos mismos con licencia. En otros casos, se trata de profesionales que hoy están siendo investigados por la fiscalía por venta de licencias, uso malicioso o falsificación de licencias”. En este sentido, se espera que alrededor de 75 médicos sean sometidos a procesos éticos en los tribunales del gremio. Respecto a las posibles sanciones, Crispi subrayó que la máxima penalización que pueden imponer los tribunales de ética es la expulsión del Colegio Médico, aunque también existen sanciones menores. Finalmente, la representante del gremio enfatizó la importancia de contar con más facultades para abordar estas situaciones. Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación de la vigilancia ética de las profesiones y la posibilidad de revocar el título a aquellos profesionales que no hagan un buen uso del mismo. Fuente: CNN Chile País
El proceso administrativo que se inició el 29 de junio de 2023 ha culminado con la solicitud de disolución de la fundación Procultura al Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que los funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no obtuvieran respuestas satisfactorias por parte de la fundación. Durante la investigación, se revelaron diversas irregularidades administrativas por parte de Procultura, incluyendo el desvío de recursos destinados a proyectos sociales para pagar sueldos excesivos a sus directores. Según informó La Tercera, entre los años 2018 y 2022, el 70,35% del presupuesto de la fundación se destinó al pago de salarios, mientras que solo el 29,65% se utilizó en programas y proyectos sociales. En el año 2022, por ejemplo, se gastaron $1980 millones en salarios y solo $641 millones en proyectos. Alberto Larraín, uno de los fundadores, vio cómo su salario aumentaba significativamente durante ese periodo, llegando a acumular un total de $267 millones. Por otro lado, Ilonka Csillag recibió un total de $149 millones a pesar de no haber estado presente en Procultura en ciertos momentos. Estos hallazgos llevaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a concluir que la fundación había descuidado su objetivo social y había incurrido en una desproporción significativa en los gastos relacionados con el personal. En consecuencia, el Ministerio solicitó al CDE que ejerciera la acción para disolver judicialmente la asociación denominada fundación Procultura, cuya personalidad jurídica fue otorgada en 2010. Según lo establecido en el Código Civil, se argumenta que Procultura ha infringido gravemente sus estatutos y ha desviado sus esfuerzos y recursos hacia actividades no relacionadas con su propósito original. Fuente: Publimetro
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete emitió un veredicto absolutorio a favor de Jorge Eduardo Escobar Escobar, principal acusado por la Fiscalía en el caso Tomás Bravo. Escobar, tío abuelo del menor fallecido, había sido acusado del delito de abandono de niño menor de diez años en lugar solitario, con resultado de muerte. Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando se perdió el rastro del menor después de que su pariente le perdiera la vista por unos minutos. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Tomás Bravo fue encontrado en Caripilún. En su sentencia, el Tribunal estimó que no se pudo demostrar dolo en el actuar de Escobar y que su conducta estaba dirigida a proteger al niño. Además, se cuestionó la acusación de dolo sostenida contra el imputado, señalando que la querellante no es persistente en sus alegaciones en cuanto a una conducta dolosa del imputado. El tribunal también destacó que la defensa introdujo una duda razonable mediante imágenes capturadas por una cámara de seguridad de una empresa forestal, las cuales mostraban movimientos en el último punto donde se vio al niño. Además, se mencionó que los acusadores no presentaron prueba alguna que vinculara directamente la muerte del niño con alguna acción realizada por Escobar. Se hizo hincapié en las contradicciones encontradas en la evidencia médico-legal y en las irregularidades en el sitio del suceso, lo cual afectó la calidad de la evidencia presentada durante el juicio. En conclusión, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete absolvió al tío abuelo del menor fallecido basándose en la falta de pruebas contundentes y las inconsistencias encontradas en la investigación. Fuente: CNN Chile País
