A pocas horas de haber sido reelecto como alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo fue detenido la mañana de este lunes por Carabineros tras una denuncia por violencia intrafamiliar. El arresto se llevó a cabo alrededor de las 06:00 horas, cuando los funcionarios de la Segunda Comisaría de Chillán llegaron al lugar tras recibir un llamado de emergencia. Según la policía, Del Pozo se encontraba en estado de ebriedad durante su aprehensión, que ocurrió después de las celebraciones por su triunfo en las elecciones. Los antecedentes del caso han sido entregados al Ministerio Público, que se encargará de las diligencias correspondientes. Se espera que durante la jornada se realice la audiencia de control de detención. La víctima del incidente, cuya identidad no ha sido revelada, fue diagnosticada con lesiones de carácter leve. Este suceso ha causado un gran revuelo en la comunidad de Chillán Viejo, donde el alcalde recién había obtenido 10.288 votos, equivalentes al 52,64% de los sufragios, consolidando su liderazgo en la comuna desde que asumió el cargo en 2021.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Fiscalía de Coquimbo ha tomado la decisión de despedir a dos trabajadoras por su ingreso no autorizado a la causa relacionada con el presunto delito de violación del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Se alega que estas mujeres formaron parte del grupo que accedió a la carpeta investigativa durante la semana pasada. Según información proporcionada por el diario La Región, ambas trabajadoras pertenecían a la Fiscalía Regional de Coquimbo, con una de ellas vinculada a la Unidad de Focos. Además de ser desvinculadas, se iniciará un proceso penal en su contra, dado que la causa es de carácter reservado y la Policía de Investigaciones (PDI) tiene restringido su acceso. El ingreso no autorizado fue descubierto gracias al sistema implementado por el fiscal Ángel Valencia, que permitió rastrear a quienes accedieron al material con precisión. La carpeta investigativa contiene testimonios e informes del Servicio Médico Legal, y su contenido está sujeto a confidencialidad debido a la naturaleza del delito. Asimismo, se espera que la Fiscalía identifique a otros funcionarios implicados en la situación, ya que hay indicios de que detalles de la investigación fueron filtrados a terceros tras su publicación en la prensa.
La Corte Suprema ha desestimado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya, confirmando así su condena a seis años de cárcel efectiva por delitos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el 10 de julio, ya había sido comunicada oficialmente el 19 de julio. El caso, que comenzó con la formalización de Macaya el 7 de junio de 2023, ha tenido un desarrollo marcado por la gravedad de las acusaciones y la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins de una pena de 12 años. Sin embargo, el tribunal optó por una pena menor, además de imponer severas sanciones accesorias, que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la vigilancia de la autoridad durante una década tras cumplir la condena. Desde su formalización, Macaya ha estado en prisión, alternando entre arresto domiciliario y prisión preventiva, acumulando casi 500 días de privación de libertad, tiempo que será descontado de su pena. Finalmente, el caso también ha tenido repercusiones políticas. Ante un reportaje que insinuó un trato preferencial hacia Macaya en el centro penitenciario, Gendarmería de Chile ha abierto un sumario administrativo para investigar las circunstancias. Por su parte, Javier Macaya, tras enfrentar presiones por sus declaraciones en defensa de su padre, ha renunciado a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Este jueves, el Juzgado de Garantía de Rancagua, en la región de O'Higgins, dictó prisión preventiva para cinco excarabineros detenidos por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal de Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto. Los acusados, que incluyen a tres cabos primero, un cabo segundo y un carabinero raso, se unen a un grupo de 28 imputados que ya enfrentan esta severa medida. Ante esto, durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, expuso que los cinco detenidos recibieron un pago adelantado de $300 mil como incentivo para colaborar en el robo. Si bien no participaron directamente en el atraco, su papel fue crucial en la planificación y la distracción de las fuerzas policiales. Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción y cooperan en situaciones específicas, afirmó Fuentes, quien subrayó que sin su intervención, el robo no se habría ejecutado con el mismo éxito. Además, uno de los cabos fue formalizado anteriormente por un intento de robo a las bodegas de Prosegur en Rancagua, donde se descubrió un túnel de 15 metros que apuntaba hacia la bóveda. Finalmente, la comunidad se encuentra consternada por la implicación de miembros de Carabineros en este delito, que pone en tela de juicio la confianza en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso.
A pocas horas de haber sido reelecto como alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo fue detenido la mañana de este lunes por Carabineros tras una denuncia por violencia intrafamiliar. El arresto se llevó a cabo alrededor de las 06:00 horas, cuando los funcionarios de la Segunda Comisaría de Chillán llegaron al lugar tras recibir un llamado de emergencia. Según la policía, Del Pozo se encontraba en estado de ebriedad durante su aprehensión, que ocurrió después de las celebraciones por su triunfo en las elecciones. Los antecedentes del caso han sido entregados al Ministerio Público, que se encargará de las diligencias correspondientes. Se espera que durante la jornada se realice la audiencia de control de detención. La víctima del incidente, cuya identidad no ha sido revelada, fue diagnosticada con lesiones de carácter leve. Este suceso ha causado un gran revuelo en la comunidad de Chillán Viejo, donde el alcalde recién había obtenido 10.288 votos, equivalentes al 52,64% de los sufragios, consolidando su liderazgo en la comuna desde que asumió el cargo en 2021.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Fiscalía de Coquimbo ha tomado la decisión de despedir a dos trabajadoras por su ingreso no autorizado a la causa relacionada con el presunto delito de violación del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Se alega que estas mujeres formaron parte del grupo que accedió a la carpeta investigativa durante la semana pasada. Según información proporcionada por el diario La Región, ambas trabajadoras pertenecían a la Fiscalía Regional de Coquimbo, con una de ellas vinculada a la Unidad de Focos. Además de ser desvinculadas, se iniciará un proceso penal en su contra, dado que la causa es de carácter reservado y la Policía de Investigaciones (PDI) tiene restringido su acceso. El ingreso no autorizado fue descubierto gracias al sistema implementado por el fiscal Ángel Valencia, que permitió rastrear a quienes accedieron al material con precisión. La carpeta investigativa contiene testimonios e informes del Servicio Médico Legal, y su contenido está sujeto a confidencialidad debido a la naturaleza del delito. Asimismo, se espera que la Fiscalía identifique a otros funcionarios implicados en la situación, ya que hay indicios de que detalles de la investigación fueron filtrados a terceros tras su publicación en la prensa.
La Corte Suprema ha desestimado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya, confirmando así su condena a seis años de cárcel efectiva por delitos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el 10 de julio, ya había sido comunicada oficialmente el 19 de julio. El caso, que comenzó con la formalización de Macaya el 7 de junio de 2023, ha tenido un desarrollo marcado por la gravedad de las acusaciones y la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins de una pena de 12 años. Sin embargo, el tribunal optó por una pena menor, además de imponer severas sanciones accesorias, que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la vigilancia de la autoridad durante una década tras cumplir la condena. Desde su formalización, Macaya ha estado en prisión, alternando entre arresto domiciliario y prisión preventiva, acumulando casi 500 días de privación de libertad, tiempo que será descontado de su pena. Finalmente, el caso también ha tenido repercusiones políticas. Ante un reportaje que insinuó un trato preferencial hacia Macaya en el centro penitenciario, Gendarmería de Chile ha abierto un sumario administrativo para investigar las circunstancias. Por su parte, Javier Macaya, tras enfrentar presiones por sus declaraciones en defensa de su padre, ha renunciado a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Este jueves, el Juzgado de Garantía de Rancagua, en la región de O'Higgins, dictó prisión preventiva para cinco excarabineros detenidos por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal de Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto. Los acusados, que incluyen a tres cabos primero, un cabo segundo y un carabinero raso, se unen a un grupo de 28 imputados que ya enfrentan esta severa medida. Ante esto, durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, expuso que los cinco detenidos recibieron un pago adelantado de $300 mil como incentivo para colaborar en el robo. Si bien no participaron directamente en el atraco, su papel fue crucial en la planificación y la distracción de las fuerzas policiales. Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción y cooperan en situaciones específicas, afirmó Fuentes, quien subrayó que sin su intervención, el robo no se habría ejecutado con el mismo éxito. Además, uno de los cabos fue formalizado anteriormente por un intento de robo a las bodegas de Prosegur en Rancagua, donde se descubrió un túnel de 15 metros que apuntaba hacia la bóveda. Finalmente, la comunidad se encuentra consternada por la implicación de miembros de Carabineros en este delito, que pone en tela de juicio la confianza en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso.