La tramitación del proyecto de ley conocido como “Ley Mordaza 2.0” ha generado un intenso debate y un amplio rechazo en el ámbito de las comunicaciones y el derecho. Esta iniciativa legal pretende imponer duras sanciones, incluyendo penas de hasta cinco años de cárcel o multas que llegan a las 500 UTM, a aquellas personas que divulguen información relacionada con causas judiciales en fase de investigación. Se espera que este proyecto sea discutido por el Senado el próximo martes 4 de agosto. Diversas entidades como la Asociación Nacional de la Prensa, ANATEL, el Colegio de Periodistas y reconocidos abogados constitucionalistas, entre ellos Marisol Peña y Javier Couso, han alzado la voz para alertar que esta medida criminaliza la libre circulación de información de interés público, poniendo en peligro la esencia del periodismo de investigación. Expertos han señalado que la propuesta choca directamente con el marco jurídico vigente. A nivel nacional, vulnera la libertad de expresión y de informar (Artículo 19 N°12 de la Constitución), estableciendo una forma de censura indirecta al penalizar la divulgación de datos. Además, infringe el principio de tipicidad y legalidad (Artículo 19 N°3), al utilizar términos ambiguos como “el que difunda”, lo que en la práctica criminaliza no solo a los periodistas y sus fuentes, sino a toda la ciudadanía. A nivel internacional, Marisol Peña ha destacado que el proyecto contraviene normativas suscritas por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que protege el derecho a buscar y difundir información, prohibiendo restricciones indirectas. Asimismo, va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, organismo que considera desproporcionado el uso del derecho penal para sancionar la difusión de asuntos públicos en una sociedad democrática. Javier Couso y Francisco Cox han profundizado en las implicaciones institucionales de esta propuesta, advirtiendo que fomenta un clima de autocensura periodística que beneficia la impunidad y la opacidad democrática. De ser aprobada, debilitaría el control ciudadano, impidiendo que la opinión pública esté al tanto de los avances investigativos en casos críticos relacionados con corrupción estatal, trata de personas o crimen organizado. Todo esto sucede en un momento paradójico donde las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley han respaldado el ejercicio periodístico. Recientemente, el Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria que llevó a prisión a un juez y un general por espiar a un periodista utilizando la Ley de Inteligencia. Además, el pasado 28 de julio, el fiscal nacional emitió una orden escrita instruyendo a los fiscales abstenerse de tomar medidas intrusivas contra profesionales de prensa en su labor. Dentro de este contexto, los críticos argumentan que imponer multas elevadas y penas privativas por informar sobre causas judiciales representaría un retroceso histórico, estableciendo una nueva normativa legal que ni siquiera existió durante la dictadura. Fuente: ADN Radio Nacional
La tramitación del proyecto de ley conocido como “Ley Mordaza 2.0” ha generado un intenso debate y un amplio rechazo en el ámbito de las comunicaciones y el derecho. Esta iniciativa legal pretende imponer duras sanciones, incluyendo penas de hasta cinco años de cárcel o multas que llegan a las 500 UTM, a aquellas personas que divulguen información relacionada con causas judiciales en fase de investigación. Se espera que este proyecto sea discutido por el Senado el próximo martes 4 de agosto. Diversas entidades como la Asociación Nacional de la Prensa, ANATEL, el Colegio de Periodistas y reconocidos abogados constitucionalistas, entre ellos Marisol Peña y Javier Couso, han alzado la voz para alertar que esta medida criminaliza la libre circulación de información de interés público, poniendo en peligro la esencia del periodismo de investigación. Expertos han señalado que la propuesta choca directamente con el marco jurídico vigente. A nivel nacional, vulnera la libertad de expresión y de informar (Artículo 19 N°12 de la Constitución), estableciendo una forma de censura indirecta al penalizar la divulgación de datos. Además, infringe el principio de tipicidad y legalidad (Artículo 19 N°3), al utilizar términos ambiguos como “el que difunda”, lo que en la práctica criminaliza no solo a los periodistas y sus fuentes, sino a toda la ciudadanía. A nivel internacional, Marisol Peña ha destacado que el proyecto contraviene normativas suscritas por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que protege el derecho a buscar y difundir información, prohibiendo restricciones indirectas. Asimismo, va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, organismo que considera desproporcionado el uso del derecho penal para sancionar la difusión de asuntos públicos en una sociedad democrática. Javier Couso y Francisco Cox han profundizado en las implicaciones institucionales de esta propuesta, advirtiendo que fomenta un clima de autocensura periodística que beneficia la impunidad y la opacidad democrática. De ser aprobada, debilitaría el control ciudadano, impidiendo que la opinión pública esté al tanto de los avances investigativos en casos críticos relacionados con corrupción estatal, trata de personas o crimen organizado. Todo esto sucede en un momento paradójico donde las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley han respaldado el ejercicio periodístico. Recientemente, el Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria que llevó a prisión a un juez y un general por espiar a un periodista utilizando la Ley de Inteligencia. Además, el pasado 28 de julio, el fiscal nacional emitió una orden escrita instruyendo a los fiscales abstenerse de tomar medidas intrusivas contra profesionales de prensa en su labor. Dentro de este contexto, los críticos argumentan que imponer multas elevadas y penas privativas por informar sobre causas judiciales representaría un retroceso histórico, estableciendo una nueva normativa legal que ni siquiera existió durante la dictadura. Fuente: ADN Radio Nacional
